Mientras el exgobernador de Tamaulipas Tomas Yarrington continúa prófugo y es buscado por la Interpol, en México continúan las investigaciones. Como resultado de éstas se reporta que la PGR ha identificado varios bienes del político priista entre los que destaca una isla.
Fue a principios de este año cuando la PGR dio a conocer que investigaba a varios exgobernadores del estado del norte del país. Meses más tarde se hizo una denuncia en su contra por presuntamente haber hecho uso de dinero de procedencia ilícita durante su ejercicio político. Posteriormente, producto de las investigaciones algunas de sus cuentas fueron congeladas.
Hasta el momento sólo se ha girado su aprehensión por delitos contra la salud por fomentar el narcotráfico, pero también se le investiga por lavado de dinero. Testigos protegidos por la PGR han declarado que con el dinero recibido del Cartel del Golfo-Zetas habría comprado diversas propiedades entre las que destaca la isla Frontón, ubicada en el norte de Veracruz. Además se sospecha que compró, a través de prestanombres, un predio de 18 hectáreas en San Antonio; un condominio en South Padre, Texas. Estaspropiedades tienen un valor de siete millones de dólares.
De acuerdo a las declaraciones de otro testigo protegido, en territorio nacional compró los ranchos La Providencia y El Mirador I y II. A esto se le suma la supuesta propiedad de la radiodifusora “Mi Radio”, la cual cuenta con instalaciones en Tamaulipas y Veracruz.
El caso de Yarrington junto con el de otros políticos que han sido acusados de delitos similares nos hace pensar de la necesidad de varias cosas en el país. En primer lugar, una Procuraduría capaz de armar un buen caso y presentarlo ante jueces capaces que otorguen justicia y apliquen la ley, ya que hemos sido testigos de cómo varios salen caminando de la manera más cínica posible.
En segundo lugar de leyes de fiscalización en campañas más rigurosas, que permitan a las autoridades tener mejores controles para vigilar el origen y destino de los recursos. Y, finalmente, que se vigile de cerca a los servidores públicos en sus gestiones; no basta con que presenten su declaración patrimonial. O si bien no una vigilancia extrema, sí una especie de auditoría al final de su mandato para evitar este tipo de cosas. A final de cuentas se trata de un servicio público y así como la ciudadanía y la historia juzgan la actuación de un político, también se debería juzgar el buen o mal uso de los recursos.
No se deberían esperar a tener sospechas de un delito, debería ser requisito entregar cuentas claras en todos los sentidos.
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