Hace poco más de dos meses se daba aparentemente conclusión al enfrentamiento entre defensores deCabo Pulmo y la construcción del proyecto llamado Cabo Cortés, con la cancelación de dicho proyecto en las propias palabras de Felipe Calderón. En ese momento yo mencionaba también que seguramente más adelante habría otro proyecto a proponer para ese mismo lugar y que esperaba que éste no tuviera los defectos tanto en su proceso de aprobación como en la falta de sustentabilidad que demandaban los grupos ambientalistas en aquella ocasión.
Lo que si no pensé es que la presentación de ese nuevo proyecto fuera tan rápida, (digo, dos meses, ¡vaya eficiencia!) y es que hace unos días se dio a conocer que la empresa española OHL presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un plan denominado Los Pericúes para ese mismo lugar.
El proyecto, que según lo difundido se presentó el 20 de agosto para su evaluación y autorización en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, tiene fecha límite para su resolución el 13 de noviembre, es decir dentro de la presente administración, y he de confesar que sin conocer mucho, así nomás, el hecho me causa un poco de ruido por su premura. Es cierto que los negocios así son, se mueven a un ritmo más rápido de lo que lo hacen otros ámbitos como por ejemplo gobierno, pues ellos si ven con claridad las pérdidas o de menos la nula utilidad que les genera tener unos predios contemplando el mar, sin construir o sin generar acciones que los haga productivos; pero será sólo éste el motivo de presentar ya esteproyecto ¿o es que resulta conveniente presentarlo en esta administración?
El mismo día de publicada esta nota, Greenpeace -uno de los fuertes luchadores para que se cancelaraCabo Cortés- por su parte publicaba en su blog una crítica sobre la falta de sanciones hacia las autoridades que en aquel momento otorgaron los permisos para ese proyecto:
No obstante, los responsables de aquel permiso ilegal, Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental; Eduardo Enrique González Hernández, anterior titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), y el actual titular de la DGIRA, Alfonso Flores Ramírez, no han sido sancionados. Es decir, con la cancelación de Cabo Cortés se evitó un efecto, una enfermedad, pero no se combatió el origen del problema: el gran virus de la impunidad con la que operan estos servidores públicos.
En esta misma publicación de Greenpeace, además de señalar que ellos no han tenido respuesta a los procedimientos de responsabilidad administrativa presentados ante el Órgano Interno de Control (OIC) de laSemarnat y de que se presentó también una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, Mauricio Limón y Alfonso Flores “siguen emitiendo autorizaciones de impacto ambiental a su discrecionalidad”.
Entonces, no es que quiera ser mal pensada, pero es que dan tela de dónde cortar. Porque de ser cierto lo que dice Greenpeace, las personas responsables de la omisión, negligencia -en el mejor de los casos- o corrupción -como la llama Greenpeace- cometida la vez pasada con Cabo Cortés, siguen ahí y me imagino que es muy posible vuelvan a ser las responsables de otorgar o no los permisos a este nuevo proyectollamado Los Pericúes.
Por su parte, Agustín Bravo, coordinador en Baja California Sur del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, espera que en esta ocasión la Semarnat ponga a disposición de los interesados el proyecto con sus anexos “ya que es importante analizarlos de forma exhaustiva para evaluar si existen riesgos para el parque marinonacional de Cabo Pulmo y si está apegado a derecho”.
¿Será este un proyecto sustentable y respetuoso del entorno en que se encuentra? ¿Respetará las normasambientales? ¿Será otorgado el permiso con legalidad? No lo sé, pero lo que sí vislumbro aquí es que es muy posible otro enfrentamiento entre ambientalistas, empresa y gobierno, pues de antemano ya no existe la confianza de que estas autoridades actúen correctamente.
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